Entre las muchas promesas electorales del Partido Popular, hay una que afecta de forma muy especial a los derechos de los conductores españoles. El gobierno socialista, a instancias del Ministerio del Interior y del director General de Tráfico, lograron “colar”, entre otras, una modificación de la ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en virtud de la cual se ampliaba el plazo de prescripción de las multas de Tráfico a cuatro años y se suprimía el recurso de alzada de los conductores sancionados.
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