La Iglesia católica históricamente se ha considerado legitimada para intervenir en los asuntos públicos españoles considerando que el poder político se ha de supeditar, en cuestiones morales, a lo que ella dicta; también ha ser subvencionada y a no tener que contribuir al esfuerzo fiscal que todos hacemos, con exenciones como la de pagar el IBI. Cuando se le recrimina, responde amenazando o mejor, chantajeando, que en caso de no ser así Cáritas se quedará sin fondos. Finge no saber que es el Estado quien directamente la financia.
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