La ley convertirá el conocimiento y el uso del castellano -es decir, obligará a hablar en esta lengua- en requisito indispensable, mientras que las otras lenguas, que mantienen en sus territorios un rango de equiparable cooficialidad, quedaran relegadas al concepto de mérito. Es decir, cualquier castellanohablante podrá imponer su lengua en los territorios con más de un idioma oficial.
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