Toda una cruzada contra los nombramientos ‘a dedo’ de cargos de confianza; el desfile de nombres con cada cambio de Gobierno; la politización de la gestión pública; y un golpe en la mesa para establecer por fin una retribución más ligada a los objetivos y a la evaluación constante del desempeño en el sector público. Un intento, en resumen, de desligar la gestión del Estado del ámbito político y acercarla a los cánones de eficiencia de la empresa privada.
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