El otro día salió a la luz que el Tribunal de Cuentas del Estado – sí, el que se supone que audita las cuentas de los partidos políticos – troceó proyectos de obras y contratos para que no se superase el máximo legal de 30.000 que obligaría a sacarlos a concurso público. Ligado a lo anterior se ha publicado que el Tribunal pretende modificar su sistema de oposición ya que, por lo visto, existen sospechas de enchufismo.
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