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La ley no lo permite, pero algunos se resisten a dejarlo. Según declaró en un informe el Instituto Nacional del Consumo, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la venta de terminales bloqueados para que no puedan utilizarse con otras compañías es una práctica ilegal, por lo que las operadoras deben liberarlos de forma gratuita y sin hacer esperar a los usuarios a que finalicen sus contratos de permanencia.
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