Hasta el momento, ocupar una vivienda de forma ilegal se consideraba una falta civil y los propietarios, incluidos los ayuntamientos, debían acudir a un juzgado para probar que los ocupantes habían entrado en la casa. La nueva ley, que entrará en vigor mañana, establece que pasará a tratarse como delito penal y fija una pena máxima de prisión de hasta seis meses o una multa de hasta 5.000 libras (6.300 euros).
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