Los ayuntamientos debían enviar sus cuentas y el Gobierno elaboraría una lista pública con las entidades locales que cumplieran los supuestos necesarios y, por tanto, se pudieran acoger a las ayudas. Ese listado debía haberse hecho público el 30 de julio, justo un mes después de la entrada en vigor del Real Decreto-ley, tal y como se establece en el mismo. En su lugar, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha publicado una resolución para frenar su publicación.
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