Los jubilados que reciben pensiones altas, entendidas en la mayoría de los casos como superiores al salario medio, podrían terminar pagando sus medicamentos igual que cualquier ciudadano con empleo. Ésta es la medida que defienden Galicia, Asturias, País Vasco, Castilla y León y Murcia y que, según las fuentes consultadas, Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña estarían dispuestas a aceptar si no fuera posible un reforma más profunda. Se trata de una medida más para atajar el descontrolado gasto autonómico.
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