Los tribunales de justicia y las fuerzas de seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil) han destapado y desarticulado numerosas tramas de corrupción de una amplia gama de colores políticos en lo que va de siglo. Pero, en 2019, esos dos cuerpos de funcionarios (el policial y el judicial) se encontraron con un caso distinto: una supuesta red de comisarios corruptos que había usado fondos reservados del Ministerio del Interior para una operación secreta, a espaldas del juez, consistente en tapar la corrupción del partido que gobernaba
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