En opinión de los obispos, el Estado "no puede imponer legítimamente una formación de la conciencia de los alumnos al margen de la libre elección de los padres" al tiempo que reconocieron el derecho de los padres "a elegir el tipo de formación moral y religiosa para sus hijos". Señalan que las enseñanzas orientadas a la formación de la conciencia moral "no son competencia del Estado, sino de los padres y de las escuelas, como colaboradores de los progenitores".
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