El Obispado presentó hace unos meses un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que defiende que es "enteramente constitucional el hecho de que no pueda impartir religión y moral católicas quien no profesa voluntariamente los dogmas de esta fe religiosa". Por su parte, el abogado del Estado que representa al Ministerio, Demetrio Carmona, ha asegurado que el escrito remitido a la docente no afectará al procedimiento judicial, si bien ha remarcado que, mientras la Justicia no diga lo contrario, Educación no puede contratar.
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