Un día después de que los líderes más importantes del mundo acordaran en la cumbre de Londres del G-20 reforzar la lucha contra los paraísos fiscales, el Gobierno ha decidido volcarse en la prevención del blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas. Y a la hora de analizar a los posibles criminales, el Ministerio de Economía se ha fijado en un colectivo muy concreto: el de los políticos. La nueva ley reconoce el alto riesgo de lavado de dinero de los cargos públicos.
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