Existe un amplio consenso en los establishments políticos y mediáticos españoles de que la democracia representativa ha estado funcionando bien en España desde 1978. De sus escritos y proclamas se deduce que perciben a las Cortes Españolas como representativas de la población española y, como tal, sus decisiones responden a la voluntad popular expresada a través del proceso electoral. Pero hay indicadores de que esta percepción no es ampliamente compartida.
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