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En concreto se señala que a los residentes se les "denegó el deber de socorro". El tribunal, dirigido e integrado por personas de reconocido prestigio como el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, denuncia "criterios discriminatorios para las derivaciones a centros hospitalarios", como la falta de seguro privado o que padecían algún tipo de deterioro cognitivo o discapacidad física. El demoledor informe ha avivado las críticas.
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