Las llamadas al 112 evidencian la negligencia: ambulancias que no llegaban, médicos con las manos atadas y un sistema de emergencias saturado. Miles de vidas se perdieron en silencio, no solo por el virus, sino por la indiferencia de un gobierno más preocupado por su imagen que por salvar vidas. Ayuso y su administración decidieron quién vivía y quién moría, negando a miles de ancianos su derecho a una muerte digna. Esto no es gestión de crisis; es una violación de derechos humanos, un escándalo que requiere rendición de cuentas.
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