Desde el Gobierno gribaltareño se considera inaceptable la presencia de agentes de las fuerzas de seguridad españolas en su territorio y, en concreto, en las instalaciones de acceso a la roca, como el puerto y el aeropuerto. El propio ministro principal del Peñón, Fabian Picardo, aseguró que «se trata de una línea roja innegociable».
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