Las entidades públicas no son propietarias de la información que gestionan sino que la generan y administran en y supuestamente para nuestro beneficio. No se trata de que busquemos una nuevo logro social de la ciudadanía con respecto a su gobierno sino de que se corrija una política que siempre ha sido errónea siguiendo un principio muy sencillo: la información generada de manera pública debe ser accesible públicamente.
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