Esta circunstancia, revelada ayer desde Izquierda Unida, reforzaría, a juicio de la coalición, las tesis mantenidas por la Plataforma para la Defensa del Patrimonio en el sentido de que tales edificios, que están siendo escriturados por la Iglesia como propios en los Registros de la Propiedad , han de ostentar una titularidad pública española y no ser propiedad del Vaticano.
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