La primera Ley de Reproducción Asistida de 1988 ya obligaba a la creación de un registro nacional de donantes de gametos (semen y óvulos). Un cuarto de siglo después en España nadie controla el número de hijos nacidos de cada donante, pese a que en las dos leyes posteriores, una de 2006 y otra de 2010 se insistía en la necesidad de poner en marcha el registro.
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