La Audiencia Nacional dice que los hechos denunciados no guardan "una conexión relevante con España" ni con "intereses españoles", como exige la nueva redacción de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) tras la reforma de noviembre de 2009. La denuncia fue impulsada por el abogado sevillano Alberto Revuelta, presidente del Comité René Cassin de letrados expertos en Extranjería, quien ha dicho que su escrito fue presentado en junio de 2009, antes de la nueva normativa sobre jurisdicción de tribunales españoles para delitos de genocidio.
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