La Generalitat ha impuesto una multa de 1.600 euros a la inmobiliaria Barcelona Selecta, denunciada por la Plataforma por la Lengua por insultar una cliente para hablar en catalán y coaccionado una trabajadora para que no diera atención en esta lengua. La Dirección General de Comercio no entra a valorar el trato vejatorio, sino que abre expediente sancionador por el incumplimiento del artículo 8.3 de la ley de comercio, servicios y ferias, que establece la obligación para las empresas de garantizar la atención oral en catalán.
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