La legalidad en la que opera el avanzado software utilizado por el Ministerio del Interior para pinchar teléfonos y acceder a datos personales está en duda. No sólo porque esa cobertura legal está recurrida ante la Comisión Europea por la Asociación de Internautas o porque la Agencia de Protección de Datos la está investigando, sino también porque el órgano encargado de velar por los intereses de los ciudadanos ha puesto el acento en la debilidad délas personas ante el potente sistema informático. Más info:
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