El conflicto causado por Sacyr por la paralización de las obras del Canal de Panamá ha terminado por anegar las dependencias del Gobierno. La necesidad de que el Estado juegue un papel más exigente en la fórmula de financiación de la ampliación de la vía marítima ha provocado un encarnecido debate interno sobre si ayudar a la constructora española o asumir un riesgo de 3.450 millones que iría contra las arcas del Estado.
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