Ellas alegan que son voluntarias, que trabajan "para alcanzar la santidad" y que lo dan "todo sin pedir nada a cambio". La abogacía del Estado sostiene que reciben remuneración en especie, tienen horario, vacaciones y una jerarquización. Que viven de la empresa y, por tanto, tendrían que cotizar como los demás. Se las acusa de fraude al Estado.
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