Ser el único titular de un piso en propiedad, cumplir con sus deberes y obligaciones como padre de familia y desempeñar un trabajo como técnico en la Administración, no han sido fundamentos suficientes para hacer que a un juez de Vitoria le temblara el pulso a la hora de dictar sentencia en el juicio de divorcio de este ciudadano contra su ex mujer. No en vano, la ruptura de su matrimonio le ha costado a este sociólogo de 48 años y minusválido desde hace más de veinte, su casa, su hija y una pensión de 750 euros mensuales.
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