Hace 30 años que España dejó de ser católica, apostólica y romana. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 sancionaba la aconfesionalidad del Estado y sentaba las bases para que las minorías pudieran ejercer en igualdad de condiciones un derecho fundamental que recoge la Constitución. Tres décadas después, muchas personas que profesan una fe distinta de la mayoritaria encuentran aún problemas para ejercer esa libertad en su vida cotidiana.
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