La ministra de Agricultura ocultó que su posición es contraria a la de la Comisión Europea y defendió que los agricultores serán los más perjudicados cuando en el peor de los casos el mayor impacto sobre sus bolsillos será del 1%. La industria española y la empresa Fertiberia, donde trabajó la actual ministra de Agricultura, serían los grandes perjudicados de la aplicación de la norma europea.
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