Un fallo histórico en el estado de Washington sería el primer paso para restituir el derecho al voto a millones de personas que perdieron esa facultad en Estados Unidos por haber cometido delitos graves. Se calcula que 5,3 millones de ciudadanos no pueden votar porque recibieron una condena penal superior a un año de prisión. Las minorías étnicas son procesadas y condenadas en mayor proporción que el resto de la población, lo cual hace que ese sesgo se refleje en la cantidad de electores privados de su derecho al voto.
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