Escasas son las posibilidades de que los nueve militares salvadoreños procesados por el asesinato de los jesuitas españoles en 1989 sean extraditados. La decisión final depende de la Corte Suprema de El Salvador, el máximo órgano judicial del país. Y los antecedentes no son nada favorables. Este mismo tribunal ya votó hace un año en contra de colaborar con la Audiencia Nacional para esclarecer los brutales crímenes que acabaron con la vida del padre Ignacio Ellacuría, otros cinco religiosos y sus dos empleadas.
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