La legislación obligará a registrarse como "agentes de influencia extranjera" a todas aquellas organizaciones, medios de comunicación y entidades similares que reciban al menos un 20 por ciento de su financiación desde el exterior. Para la oposición, el proyecto replica en Georgia un sistema que ya se utiliza en Rusia y que se ha convertido en herramienta de represión contra la disidencia
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