La reforma del Código Penal pretende una pena mínima de 3 años y prisión provisional para quienes convoquen manifestaciones que sean consideradas como "violentas" por Internet. También se criminaliza a protesta civil calificando la resistencia pasiva como "delito de integración en organización criminal" que podrá ser penado hasta con 4 años y prisión provisional. Esto atenta contra los Tratados de Derechos HUmanos firmados por España, motivo por el cual se denunciará la vulneración de los mismos ante el Tribunal de Estrasburgo.
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