La conocida como "Ley Antituitera" promulgada por el gobierno de Veracruz nació después de que este investigase en 2011 a 2 usuarios de Twitter, Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo, por alertar sobre una posible amenaza de bomba en una escuela lo que provocó una reacción por parte de padres y profesores. Ambos usuarios recibieron pena de cárcel por supuestos motivos de "terrorismo" y "sabotaje".
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