El Gobierno del presidente Hugo Chávez expropió (...) los activos de Cemex como parte de un plan de nacionalización(...), y después de que fracasaran las negociaciones sobre el pago por las plantas de la cementera. "Cemex califica la confiscación y el posterior inicio del procedimiento de expropiación como una violación flagrante a la Constitución, Ley de Expropiación y otras leyes de Venezuela, además de no respetar los principios del Derecho Internacional y los tratados para la protección recíproca de inversiones," dijo Cemex en un comunicado
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