Ofender a España será delito. Eso dice el anteproyecto de reforma de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana. Por supuesto, será un juez quien decida si España se ofende o no porque, al parecer, preguntar a todos los españoles sería extremadamente costoso. Ni siquiera haciéndolo por teléfono saldría a cuenta.
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