El Estado español deberá indemnizar con 3.000 euros a E.L.G., víctima de torturas por parte de agentes de la Policía Nacional. Así lo ha establecido la Audiencia Nacional en una sentencia que se hizo pública el pasado 10 de mayo por parte de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), la organización que ha acompañado a la denunciante durante el largo proceso judicial. El caso comenzó a finales de 2013, cuando E.L.G. fue detenida en Córdoba. A la salida de la comisaría, tuvo que llamar ella misma a los servicios sanitarios tras s
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