En el manifiesto se asegura que la Doctrina vulnera los principios de legalidad penal y seguridad jurídica y evidencia "la desviación desde los criterios de reeducación y resocialización a criterios de puro castigo o venganza". Ni PSOE ni PP respaldan este documento al que ha tenido acceso la SER y que será enviado de forma inminente al Alto Comisionado de Derechos Humanos
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