Las vulneraciones de los derechos de la infancia, como el derecho a una vida adecuada o el derecho a la educación, establecidos por la Convención de las Naciones Unidas, no solo están aumentando por el contexto de precariedad económica de muchas familias, sino que no están siendo atajadas por la administración pública. Más bien al contrario, según se desprende del Informe sobre los Derechos de la Infancia del 2012 que ha entregado esta mañana el Síndic de Greuges (defensor del pueblo en Cataluña) a la presidenta del Parlament, Nuria de Gispert.
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