Algunos de ellos alegan que no se pueden hacer públicos porque les ampara la ley de Protección de Datos. Al PSOE de Andalucía le está costando convencer a sus 4.394 alcaldes y concejales para que den los datos de sus actividades, bienes e intereses. Desde 2008 existe una norma interna que les obliga a colgar la información en la Red, pero a día de hoy se acumula en ella un retraso de tres meses.
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