Los colectivos firmantes del documento sostienen que ya son demasiadas las evidencias documentales y los testimonios sobre «las permanentes, y muy graves, vulneraciones de derechos fundamentales, todas susceptibles de responsabilidad penal». Se trata de hechos, dicen, que cada día se repiten en los Centros de Atención a la Infancia (CAI), contratados por el Ayuntamiento de Madrid y por la Consejería de Familia, Juventud y Política Social.
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