Cerca de 16.300 personas privadas de libertad están, desde hace 11 meses, sin defensa y atención jurídica específica en materia penitenciaria en Andalucía. Las administraciones central y autonómica no se ponen de acuerdo en la renovación de un convenio para continuar prestando un servicio que ha permitido durante diez años ofrecer más de 22.000 atenciones a presos, que ahora no disponen de esta asistencia para recibir información especializada sobre la normativa, presentación de recursos, permisos de salida, etc.
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