Más de 100.000 euros del Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados (Ivadis) que estaban destinados a pagar a los proveedores de sus centros para personas con discapacidad fueron desviados a cuentas bancarias ajenas. El descubrimiento de esta supuesta irregularidad es la que ha llevado a la Conselleria de Bienestar Social a denunciar ante la Fiscalía al administrador del Ivadis entre 2002 y principios de 2011, José María Vicent Sarrión.
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