Todo en esta operación resulta extraño.La pone en marcha un fiscal general reprobado por el Congreso de los Diputados,una persona que carece de legitimidad de ejercicio para desempeñar el cargo.En la comunidad científica casi nadie considera que las conductas de los querellados encajen en los tipos delictivos de los que están siendo acusados:rebelión y sedición.El órgano judicial al que se ha acudido,la AN,no es competente para entender de estos delitos,según su propia doctrina.Las decisiones de la jueza tienen una fundamentación jurídica delir
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