Fue el propio portavoz del SAT el que expuso el balance "penal" de la marcha: 71 arrestados, en libertad todos con cargos y 140 procesados, desde que en el mes de marzo ocuparan la finca Somontes, propiedad de la Junta de Andalucía en Palma del Río (Córdoba), que la administración andaluza sacaba a subasta pública por tercera vez, y cuya venta lograron posponer.
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