al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha citado a la regidora costasoleña para declarar en los próximos meses por la no ejecución de los derribos pendientes, esgrimiendo que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) no implica la imposibilidad de ejecutar los fallos. El magistrado le advierte, a través de este apercibimiento, de que por primera vez «puede incurrir en multas de hasta 1.502 euros y en la responsabilidad penal que le pueda corresponder». En este caso podría tratarse de un posible delito de desobediencia.
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