La posibilidad de volver a repetir este escenario con el caso Prestige hace temblar a las autoridades españolas. Veinte años después de un accidente por el que fue condenado un empleado público -el práctico del puerto de A Coruña-, el Estado ha agotado todos los recursos judiciales y ha terminado de pagar recientemente los 11,5 millones de dólares correspondientes al petróleo que perdió Repsol en el accidente del Mar Egeo. Esto supone el cierre definitivo de un caso que surgió hace dos decenios...
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