La redacción de la norma dice que la subida de precios sólo se podrá aplicar en viviendas que no hayan solicitado la calificación de protección pública antes de la entrada en vigor de la orden. Pero muchas promotoras, aprovechando el resquicio legal, han retrasado esta calificación hasta la entrada en vigor de la norma regional para beneficiarse de la subida.
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