El Colegio de Abogados de Madrid denunció hoy que la estricta interpretación de la ley por parte de la Comunidad, así como el establecimiento de exigencias administrativas de difícil cumplimiento, imposibilitaría la prestación de los servicios de turno de oficio a las víctimas de violencia de género y a los implicados en un proceso de desahucio.
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