Unos 50.000 expedientes sobre crímenes contra la humanidad en El Salvador languidecen en un lugar no establecido, algunos ya presa del tiempo y la humedad, mientras estalla un frenesí por su posesión y control. La Iglesia Católica cerró sin previo aviso la oficina que albergaba esos documentos, Tutela Legal del Arzobispadode San Salvador, el 30 de septiembre. Pero sus exempleados, que se enteraron de la clausura el mismo día, se proponen ahora reabrirla y reclaman los archivos.
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