La jueza porteña Elena Liberatori hizo lugar a una medida cautelar para que capellanes y religiosas que trabajan en hospitales públicos porteños tengan la “prohibición expresa” de difundir datos sobre pacientes y dispuso que “únicamente” brinden ayuda espiritual a las personas que lo requieran. La controversia en torno de su función dentro de las instituciones de salud se inició cuando Fernando Llambías, capellán del Hospital Ramos Mejía, habría transmitido a una asociación antiabortista los datos de una mujer víctima de trata de personas...
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